10 razones por las que el matrimonio gay debería ser ilegal

1 – Ser gay no es natural. Los hombres de verdad siempre rechazan las cosas antinaturales, como las gafas de Sol, el polyester o el aire acondicionado.

2 – Permitir el matrimonio gay animará a más gente a hacerse gay, de la misma forma que si sales siempre con gente alta acabas siendo alto.

3 – Legalizar el matrimonio gay llevará a montones de comportamientos extraños. Por ejemplo, la gente querrá casarse con sus perros porque un perro puede firmar un contrato matrimonial.

4 – El matrimonio heterosexual ha estado aquí siempre y no ha cambiado en todo este tiempo del mismo modo en que no lo han hecho los principios con los que se fundó esta nación: las mujeres son nuestra propiedad, los negros no se pueden casar con los blancos y el divorcio es ilegal.

5 – El matrimonio heterosexual perderá todo su encanto si se permite el homosexual. La santidad de bodas como el matrimonio de Britney Spears durante 55 horas sólo por diversión sería destrozada.

6 – Los matrimonios heterosexuales son válidos porque producen niños. Las parejas gays, infértiles o viejas no pueden casarse porque nuestros orfanatos aún no están llenos y necesitamos más niños.

7 – Obviamente, padres gays engendrarán hijos gays. Eso se puede demostrar viendo cómo padres heterosexuales engendran hijos heterosexuales siempre.

8 – El matrimonio gay no está respaldado por la religión. En una teocracia como la nuestra, los valores de la religión se imponen en toda la comunidad. Por ello es por lo que en EEUU hay una sola religión.

9 – Los niños no pueden llegar a nada sin la figura de un padre y una madre. Por eso es por lo que prohibimos madres y padres solteros.

10 – El matrimonio gay cambiará los cánones de la sociedad, y no podremos adaptarnos a los cambios. De la misma forma que no nos pudimos adaptar a los coches, la industria terciaria o el aumento de la esperanza de vida.

Tomado de: http://www.webmaniacos.com/10-razones-por-las-que-el-matrimonio-gay-deberia-ser-ilegal/

El argumento moral y constitucional a favor del matrimonio gay

por Robert Levy Fuente: Cato Institute

Luego de amargas derrotas en California, Maine y Nueva York, la comunidad gay y lesbiana tiene una victoria qué celebrar este año. New Hampshire se ha unido a otros cuatro estados —Connecticut, Iowa, Massachussets y Vermont— en legalizar el matrimonio gay. Y la capital de la nación también está pronta a hacerlo. El alcalde de Washington DC, Adrian Fenty, lo puso de esta manera: “La desigualdad en el matrimonio es una cuestión de derechos civiles, política, social, moral y religiosa”. Cubrió todas las bases menos una: También es una cuestión constitucional.

Thomas Jefferson estableció en la Declaración de Independencia: “[P]ara asegurar estos Derechos se instituyen Gobiernos entre los Hombres”. El principal propósito del Estado es proteger los derechos individuales y prevenir que unas personas les hagan daño a otras. Los heterosexuales no deberían ser tratados de manera preferencial cuando el Estado juega ese papel. Y nadie es perjudicado por la unión de dos personas que voluntariamente son homosexuales.

Durante gran parte de la historia Occidental, el matrimonio era una cuestión de contratos privados entre los individuos que se casaban y quizá sus familias. Siguiendo esa tradición, el matrimonio hoy en día debería ser un acuerdo privado, requiriendo una intervención mínima, o nula, del Estado. Algunas instituciones religiosas o seculares reconocerían el matrimonio homosexual; otras no; otros lo catalogarían como “sociedad doméstica” o le asignarían otra etiqueta. Únase al grupo que le parezca. Los derechos y responsabilidades de los socios serían gobernados por contratos personales —negociaciones consensuadas como aquellas que controlan casi todas las demás interacciones en una sociedad libre.

Lamentablemente, el Estado ha intervenido, estableciendo más de 1.000 leyes federales que tratan principalmente con los impuestos o las transferencias de pagos, y una innumerable cantidad de leyes a nivel estatal que tratan con asuntos tales como la custodia de un niño, y derechos de herencia y propiedad. Cada vez que el Estado impone obligaciones o dispensa beneficios, no puede “negar a otra persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la misma protección de las leyes”. Esa provisión está explícita en la catorceava enmienda de la Constitución de EE.UU., es aplicable a todos los estados, y está implícita en la quinta enmienda, aplicable al gobierno federal.

Por supuesto, el Estado discrimina a ciudadanos todo el tiempo. En los años veinte, 38 estados prohibían que los blancos se casaran con negros y ciertos asiáticos. Hasta 1954, a todos los estados se les permitía tener escuelas segregadas. Afortunadamente, la Corte Suprema invalidó las restricciones al matrimonio interracial y la segregación de escuelas. La Corte aplicó el texto sencillo de la Cláusula de Protección Igualitaria a pesar de prácticas contrarias por parte de los estados durante muchos años incluso después de que la catorceava enmienda fuese aprobada en 1868.

Para superar el filtro constitucional, la discriminación racial debía sobrevivir el “escrutinio estricto” de las cortes. El Estado tenía que demostrar una necesidad convincente de esas regulaciones, mostrar que serían efectivas y que tenían que diseñar las reglas de manera que tuvieran el menor impacto posible. Ese mismo régimen debería ser aplicado cuando el Estado discrimina en base a la preferencia sexual.

Ninguna razón convincente ha sido ofrecida para sancionar el matrimonio heterosexual pero no el homosexual. Tampoco es la prohibición del matrimonio homosexual una medida para lograr los objetivos citados por los que proponen tales prohibiciones. Si el objetivo, por ejemplo, es fortalecer la institución del matrimonio, una medida más efectiva sería la de prohibir los divorcios sin responsabilidades y la co-habitación prematrimonial. Si el objetivo es asegurar la procreación, entonces a las parejas infértiles y mayores de edad no se les debería permitir casarse.

En cambio, muchos estados han implementado un sistema irracional e injusto que provee considerables beneficios a los heterosexuales recién casados mientras que les niegan esos beneficios a las parejas de hombres o de mujeres que han disfrutado de una relación amorosa, comprometida, leal y mutuamente fortalecedora a lo largo de varias décadas. No debería ser así. Los beneficios gubernamentales producto de un matrimonio pudieron haberse alcanzado de la misma manera mediante otros criterios objetivos, dejando la definición del matrimonio en las manos de instituciones privadas.

Por ejemplo, el Comité del Senado para Seguridad Interna y Asuntos del Gobierno recientemente votó a favor de extender los beneficios laborales a las parejas homosexuales de los empleados federales. El criterio que los hace aptos para recibir los beneficios, el cual también se podría aplicar a las parejas heterosexuales, es una declaración identificando al socio doméstico y certificando que se pretende que la sociedad sea exclusiva y permanente, que vivan en la misma residencia, con responsabilidades compartidas.

De igual manera, algunos estados dispensan beneficios para parejas homosexuales unidas en uniones civiles predefinidas. Incluso los empleadores del sector privado están cada vez más ofreciendo beneficios “maritales” para parejas homosexuales. De acuerdo a la Oficina Federal de Administración de Personal, alrededor del 60% de las 500 empresas en la lista de la revista Fortune confieren beneficios para los compañeros domésticos.

Aún así, nuestros políticos, no dispuestos a privatizar el matrimonio, parecen estar imposibilitados genéticamente para apartarse de nuestras relaciones más íntimas. Uno esperaría que en los próximos meses o años, legisladores federales y a nivel de estado más sabios tengan el coraje y la decencia de oponerse a restricciones basadas en la orientación sexual moralmente detestables y constitucionalmente sospechosas. Las parejas homosexuales tienen derecho a los mismos derechos legales y el mismo respeto y dignidad que tienen todos los estadounidenses.

El matrimonio gay : un derecho reconocido desde la "derecha" y la "izquierda"

Un viejo abogado conservador, ex funcionario de Reagan y Bush, argumenta por qué el matrimonio homosexual no socava, sino que promueve, los valores de la sociedad. Su alegato podría ser histórico.

Por Theodore B. Olson - Newsweek

Junto con David Boies, mi buen amigo y adversario ocasional en los tribunales, trato de persuadir a un juzgado federal de invalidar la Propuesta 8 de California —la medida aprobada por los votantes en noviembre de 2008 que revirtió el derecho constitucional en California para contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Mi participación en este caso generó consternación entre los conservadores. ¿Cómo es que un republicano de toda la vida, un veterano de los gobiernos de Ronald Reagan y de Bush, pudo poner en tela de juicio la definición “tradicional” del matrimonio y presionar para crear otro “nuevo” derecho constitucional?

Mi respuesta estriba en toda una vida de contacto con personas con distintos antecedentes, historias, puntos de vista y características intrínsecas, y en mi rechazo a lo que considero una percepción superficialmente atractiva, pero finalmente falsa, acerca de la Constitución y su protección de la igualdad y los derechos fundamentales.

Muchos de mis compañeros conservadores muestran una hostilidad casi innata hacia el matrimonio entre homosexuales. Esto no tiene sentido, porque las uniones entre personas del mismo sexo promueven los valores más apreciados por los conservadores. El matrimonio es uno de los bloques constitutivos básicos de la nación. En su mejor expresión, es una unión estable entre dos personas que trabajan para crear un grupo familiar cariñoso y una entidad social y económica. Alentamos a las parejas a casarse porque los compromisos que contraen les proporcionan beneficios no sólo a ellos mismos, sino también a sus familias y a sus comunidades. El hecho de que personas que resultan ser gays quieran participar en esta costumbre social tan arraigada es prueba de que los ideales conservadores disfrutan de una amplia aceptación. Los conservadores deberían celebrar esto, en vez de lamentarse.

La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo también sería un reconocimiento de los principios básicos estadounidenses, y representaría el compromiso de la nación con la igualdad de derechos.

La igualdad es un elemento central de las convicciones de liberales y conservadores por igual. El sueño que dio forma a EE. UU. comenzó con el concepto expresado en la Declaración de Independencia: “Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos Derechos inalienables, y que entre éstos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Por desgracia, la nación ha tardado mucho tiempo en cumplir esa promesa. En 1857, la Corte Suprema sostuvo que un afroestadounidense no podría ser ciudadano. Al final de la Guerra Civil, para hacer realidad la elusiva promesa de igualdad, la Enmienda 14 a la Constitución añadió la orden de que “ningún Estado… privará a ningún ciudadano de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal; ni negará a ningún ciudadano… la protección igualitaria de las leyes.” Las leyes y decisiones de la Corte tomadas desde entonces dejaron en claro que la igualdad bajo la ley se extiende a las personas de todas las razas, religiones y lugares de origen. ¿Qué mejor manera de completar esta aspiración nacional que aplicar la misma protección a hombres y mujeres que difieren de otros sólo por su orientación sexual?

Distintas leyes federales y estatales concedieron ciertos derechos a las parejas de homosexuales y lesbianas, pero estas protecciones varían notablemente entre distintos estados. Y casi siempre les niegan la verdadera igualdad a los homosexuales y lesbianas con deseos de casarse. La sola idea de matrimonio es básica para que sean reconocidos como iguales en la sociedad; cualquier cosa menos que esto es inferior.

La Suprema Corte de Estados Unidos ha sostenido repetidamente que el matrimonio es uno de los derechos más fundamentales. El matrimonio es una parte de la protección constitucional a la libertad, la privacidad, la sucesión, y la identificación espiritual. Sin una igualdad de derechos para contraer matrimonio, no puede haber una verdadera igualdad bajo la ley.

Es verdad que el matrimonio ha sido considerado tradicionalmente como la unión entre un hombre y una mujer. Pero aunque la Corte Suprema siempre consideró el matrimonio en ese contexto, los derechos y libertades subyacentes no se limitan de ninguna manera a los heterosexuales.

El matrimonio es un enlace civil y, en algunos casos, un sacramento religioso. Es una relación reconocida por los gobiernos, que proporciona un estatus privilegiado y respetado para recibir el apoyo de los beneficios del Estado. Cuando el estado aprueba oficialmente una relación y ha proporcionado beneficios especiales a quienes participan en ella, los tribunales de EE. UU. han insistido en que, para negar ese estatus se requieren sólidas justificaciones y no puede denegarse arbitrariamente.

Entonces, ¿cuáles son las justificaciones para la decisión de California sobre la Propuesta 8, para negar el acceso a la institución del matrimonio a algunos de sus ciudadanos?

La explicación mencionada más a menudo es la tradición. Pero el simple hecho de que algo siempre se haya hecho de una cierta forma no quiere decir que deba permanecer así. Y California y muchos otros estados permitieron a los homosexuales y lesbianas establecer sociedades domésticas con la mayoría de los derechos de los heterosexuales casados. Resulta anómalo referirse a la “tradición” como una justificación para etiquetar esas relaciones como menos dignas, aprobables o legítimas.

El segundo argumento que suelo escuchar es que el matrimonio tradicional fomenta el interés del estado en la procreación. Pero impedir que las lesbianas y los homosexuales contraigan matrimonio no hace que más heterosexuales se casen y conciban más niños. Asimismo, permitir que las lesbianas y los homosexuales se casen no hará que los heterosexuales dejen de contraer matrimonio. No averiguamos si las parejas heterosexuales pueden o quieren tener hijos antes de permitirles la boda.

Otro argumento aún menos persuasivo es que el matrimonio entre homosexuales daña en cierta forma al matrimonio heterosexual. Aún no he encontrado a nadie que pueda explicarme esto. ¿En qué forma perjudicaría a los matrimonios heterosexuales? Cuando el juez de nuestro caso le pidió a nuestro adversario que identificara las formas en que el matrimonio homosexual podría dañar al matrimonio heterosexual, respondió que no encontraba ninguna.

No existe razón por la que deberíamos negar el matrimonio a las personas del mismo sexo. Y hay muchas por las que deberíamos reconocerlas formalmente.

Sin importar lo que usted piense acerca de la homosexualidad, los homosexuales y las lesbianas son miembros de nuestras familias, clubes, y lugares de trabajo. Son nuestros médicos, maestros, soldados (lo admitamos o no), y amigos.

Conservadores y liberales deben coincidir en los principios que nos unen. Podemos convenir en el valor de las familias sólidas, las relaciones domésticas duraderas y las comunidades pobladas por personas con lazos mutuos reconocidos y admitidos. Confinar a algunos de nuestros vecinos y de nuestros amigos a un estatus fuera de la ley o de segunda clase, subvierte su sentido de pertenencia y diluye sus relaciones con el resto.

Entiendo, pero rechazo, ciertas enseñanzas religiosas que denuncian a la homosexualidad como algo moralmente erróneo, y desapruebo enfáticamente a las personas que sostienen que las relaciones entre personas del mismo sexo deberían ser desalentadas por la sociedad y la ley. La ciencia nos enseña, aun si la historia no lo ha hecho, que los homosexuales y las lesbianas no deciden ser homosexuales. En gran medida, estas características son inmutables. Y, mientras la Constitución nos garantiza la libertad de ejercer nuestras convicciones religiosas, igualmente nos prohíbe imponer nuestras creencias a la fuerza a otras personas.

Alguna vez toleramos leyes en EE. UU. que prohibían el matrimonio entre personas de diferentes razas. La Corte Suprema de California fue la primera en afirmar que esa discriminación es inconstitucional. En 1967, 20 años más tarde, la Corte Suprema llegó a un acuerdo unánime en el mismo sentido. La mayoría de los estadounidenses se enorgullecen de esta decisión. Estoy convencido de que estarán igualmente orgullosos cuando dejemos de discriminar a los homosexuales y lesbianas.

Las reacciones ante nuestra acción legal reforzaron para mí estas verdades. He oído cólera, resentimiento y hostilidad. Pero en su mayor parte, me han abrumado las expresiones de gratitud y buena fe. Particularmente, me han conmovido a muchos relatos personales sobre lo solitario y personalmente destructivo que resulta ser tratado como un paria y cuán importante será obtener el respeto de las leyes e instituciones civiles de EE. UU.

Algunas personas han sugerido que hemos presentado este caso antes de tiempo, y que ni el país ni los tribunales están "listos" para abordar este asunto y eliminar el estigma. No estamos de acuerdo. Representamos a clientes reales. Nuestras clientas lesbianas crían a cuatro buenos niños que no podrían pedir mejores padres. Nuestras clientas desean casarse. Creen que tienen ese derecho constitucional. Desean ser representadas ante los tribunales para reivindicar ese derecho. El procurador general de California ya ha concedido la inconstitucionalidad de la Propuesta 8, y la ciudad de San Francisco se unió a nuestro caso.

Invariablemente, a los ciudadanos a quienes se les niega su derecho a la igualdad se les dice que “esperen su turno” y “tengan paciencia”. Sin embargo, hay que insistir en la igualdad de derechos para acelerar la aceptación de esos derechos. En lo que se refiere a si los tribunales están "listos" para este caso, hace sólo unos cuantos años, en el caso Romer vs Evans, la Suprema Corte de EE. UU. echó abajo una enmienda constitucional adoptada popularmente en Colorado que ponía los derechos de homosexuales y lesbianas bajo la protección de las leyes antidiscriminación. Y siete años atrás, en el caso de Lawrence vs Texas, la Suprema Corte echó abajo, como carente de cualquier base racional, las cláusulas legislativas de Texas que prohibían las prácticas sexuales privadas e íntimas entre personas del mismo sexo.

Estas decisiones han generado controversia, pero son decisiones del tribunal más alto de la nación, en el que nuestras clientas merecen confiar. Si todos los ciudadanos tienen el derecho constitucional de contraer matrimonio, si las leyes estatales que niegan la protección legal a los homosexuales y las lesbianas como clase son inconstitucionales, y si la conducta sexual privada e íntima entre personas del mismo sexo está protegida por la Constitución, hay muy pocos elementos en los que pueden apoyarse los adversarios al matrimonio entre personas del mismo sexo. La Propuesta 8 de California es particularmente vulnerable a la controversia constitucional, porque ese estado ha promulgado un insensato conjunto de reglas para el matrimonio que no tiene sentido para nadie. California reconoce el matrimonio entre una mujer y un hombre, incluso entre personas condenadas a muerte, abusadores de niños y cónyuges golpeadores. Al mismo tiempo, California prohíbe el matrimonio entre parejas estables y amorosas del mismo sexo, pero trata de arreglárselas al dar la alternativa de las “sociedades domésticas” o uniones civiles con prácticamente los mismos derechos. Finalmente, California reconoce 18.000 matrimonios entre personas del mismo sexo, celebrados durante los meses en que debatía la decisión de la Corte Suprema estatal que defendía los derechos del matrimonio entre homosexuales y la decisión de los ciudadanos de California de retirar esos derechos al promulgar la Propuesta 8.

Por tanto, ahora existen tres clases de californianos: las parejas heterosexuales que pueden casarse, divorciarse y volverse a casar si lo desean; las parejas del mismo sexo que no puede casarse pero puede vivir juntas en sociedades domésticas; y las parejas del mismo sexo que ya están casadas pero que, si se divorcian, no pueden volver a casarse. Se trata de un sistema irracional, discriminatorio y que no puede perdurar

Los estadounidenses que creen en las palabras de la Declaración de Independencia, en el discurso de Gettysburg de Lincoln, en la Enmienda 14, y en las garantías constitucionales de igualdad de protección y dignidad ante la ley no pueden mantenerse insensibles mientras continúe este agravio. No se trata de un tema conservador o liberal: es un tema estadounidense, y es tiempo de que los ciudadanos de este país lo adopten.

Cómo se llegó al matrimonio gay en el mundo

Por Emilio Ruchansky para Página 12 (Argentina).

Entre los argumentos del fallo de la jueza Gabriela Seijas, que este diario difundió el jueves pasado, se mencionan como ejemplos a seguir “una docena de países que ya han modificado sus legislaciones para darles cabida a las parejas del mismo sexo”. El primero fue Holanda, país pionero en la legalización del aborto, la marihuana y la eutanasia. Allí, en 2000, el tema se debatió en el Parlamento y fue aprobado ampliamente. En otros lugares como Sudáfrica o el estado norteamericano de Massachusetts “fue el impulso judicial el que motivó los cambios en la legislación”, resalta Seijas. También se hicieron consultas populares en algunos estados de EE.UU., tanto para permitir estos matrimonios como para prohibirlos después.

Los primeros en casarse fueron dos parejas gays y una lesbiana, en 2001, en un acto al que concurrió hasta Job Cohen, el alcalde de Amsterdam. Y no por curioso. Cohen había apoyado la ley en el Parlamento. Otro de los impulsores, Boris Dittrich, actual director de Advocacy de Human Rights Watch, y por entonces uno de los diputados que impulsaron el proyecto, aseguró en su momento que “el sexo no tiene importancia en el matrimonio”.

En abril del año pasado Dittrich estuvo por estas pampas. El dirigente holandés señaló que “los pronunciamientos de la Argentina a nivel internacional son a favor de la no discriminación por la orientación sexual”. Pero aclaró que la caridad no empieza por casa. “Hay una diferencia muy grande entre esa posición internacional y la situación en el mismo país, donde noto que hay discriminación en políticas y leyes”.

Tan solo un año después de que se aprobara en Holanda, Bélgica siguió el mismo camino para aprobarlo: el trámite parlamentario. Trescientas parejas se casaron entre junio de 2003 y abril de 2004. Para 2005 el gobierno informaba que la cifra de parejas que se casaron habría ascendido a dos mil quinientas. Ese mismo año en España, uno de los bastiones católicos de Europa, el tema comenzó a discutirse. “Hubo una gran manifestación en contra cuando se aprobó la ley. El estandarte de los conservadores era: ‘la familia importa’. Nosotros salimos a la calle unos días después con un lema parecido pero mucho más incluyente: ‘Todas las familias importan’”, recordó a este diario Tony Poveda, presidente de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgbt).

De paso por Buenos Aires, Poveda habló en una sala del Senado donde se reunieron varios activistas invitados por el Instituto contra la Discriminación. “El proceso en Argentina es el mismo que vimos en España, sólo que acá el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene más aval que allá. Desde que se aprobó la ley, sólo hubo avances políticos y sociales, no ocurrió ninguna de las predicciones apocalípticas conservadoras que decían que iba a desaparecer la familia. Lo que conseguimos fue más protección y derechos.”

El 30 de junio de 2005, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero se presentó en el Congreso para defender la reforma del Código Civil. Recordó que el tema había sido una de sus promesas electorales y resaltó que dos días antes, en Canadá, también se reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo. “No estamos legislando, Señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares, y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”, dijo Zapatero. Luego recitó “La familia”, un poema en el que Luis Cernuda lamentaba: “Cómo se engaña el hombre y cuán en vano/ Da reglas que prohíben y condenan”.

El presidente español aclaró a los detractores que la ley “no engendrará ningún mal, que su única consecuencia será el ahorro de sufrimiento inútil de seres humanos”. Lo que siguió fue todo un presagio: “No hemos sido los primeros, pero tengo por seguro que no seremos los últimos. Detrás vendrán otros muchos países impulsados, Señorías, por dos fuerzas imparables: la libertad y la igualdad”. Y así fue. Al año siguiente, la Corte Suprema de Sudáfrica falló a favor tal como ocurrió en Canadá, donde los jueces sentenciaron que negar este derecho constituye “una injustificable discriminación basada en la orientación sexual”. El fallo en Sudáfrica obligaba al Parlamento a rectificar en menos de un año esta decisión.

Uno de los magistrados, Albie Sachs, mencionó que “el daño intangible” a las parejas de personas del mismo sexo es más severo que las privaciones materiales. “Ellos no están autorizados a celebrar su compromiso con el otro jubilosamente en un evento público reconocido por la ley. Están obligados a vivir una vida en estado de vacío legal”, sentenció. Este año, Suecia y Noruega ampliaron el matrimonio. “En Suecia fue por el efecto dominó, ni bien salió en España nos contactaron para enterarse de todos los detalles”, reveló Poveda a Página/12.

Hay otras vías, además de la judicial y la legislativa. Es lo que pasó en California, el estado más poblado de Estados Unidos. En 2000 se hizo un plebiscito para permitir el casamiento entre personas del mismo sexo pero más del 60 por ciento estuvo en contra. En mayo del año pasado, la Corte Suprema californiana anuló la ley que prohibía estos matrimonios pero seis meses después, otro plebiscito (con las intenciones opuestas al de 2000) hizo cesar los casamientos al ganar por el 52 por ciento. “La más de una docena de países” que modificaron sus normas, tal como menciona la jueza Gabriela Seijas, se completa con aquellas naciones que aprobaron uniones civiles o declaraciones de convivencia: Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, Suiza, República Checa, Eslovenia, Hungría y Uruguay. Para el español Poveda, una eventual legalización en Argentina “serviría como faro para que muchos países de la región se sumen”. El fallo fue acatado por el gobierno macrista, del kirchnerismo y el radicalismo dependerá que este fallo se haga ley en todo el país.