Tras la boda de Alex Freyre y José María Di Bello, ya hay casi 40 pedidos de parejas del mismo sexo que quieren casarse. Cómo sigue la campaña. La Corte y el Congreso.
Por Soledad Vallejos- Pagina 12
Los últimos días de 2009 fueron sólo una muestra de lo que vendrá en 2010. El próximo paso será demostrar que no era capricho de unos pocos. Que querer casarse no fue el berretín de jóvenes urbanos aburridos de tan modernos, que la militancia LGTB tiene nombres, y que esos nombres son muchos, tantos como sus reclamos por la ampliación de los derechos civiles. Eso dicen desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (Falgtb), cuyo trabajo, realizado con el apoyo del Inadi, cerró el año celebrando la boda de Alex Freyre y José María Di Bello. “El casamiento de la primera pareja ya se concretó, y eso quita peso a la visibilidad de los demás”, repite Esteban Paulón, secretario general de la Federación, pocas horas después de que el retrato de Freyre y Di Bello recorriera el mundo anunciando la primera boda de Latinoamérica (“y el Caribe”, como gusta acotar Di Bello) entre personas del mismo sexo.
Los pedidos de amparo son sólo el comienzo. El juez Carlos Fayt adelantó que en los próximos meses la Corte Suprema de la Nación resolverá acerca de los casos de matrimonios denegados que llegaron a esa instancia. Tras la renovación de la Cámara de Diputados, los proyectos de ley que en 2009 quedaron pendientes de dictamen han renovado sus posibilidades de llegar al recinto. Por lo pronto, el presidente del bloque del FpV, Agustín Rossi, ya anunció que el matrimonio homosexual será uno de los temas que tratará el Congreso en 2010. “Nosotros pedimos tiempo para analizar el proyecto. Nunca fijamos posición contraria y estamos dispuestos a debatirlo”, declaró.
Gays y lesbianas militantes han optado por la estrategia de hacerse visibles con lo más contundente: en todo el país habrá parejas que pedirán turno para casarse en el registro civil que les corresponda; si se lo niegan, reclamarán judicialmente mediante un pedido de amparo. “La idea es conseguir una conciencia federal de la inconstitucionalidad de los impedimentos para el casamiento entre personas del mismo sexo”, explica Carolina von Opiela, la abogada de la Federación y el Inadi responsable de la estrategia legal que llevó a Freyre y Di Bello ante la jueza de paz fueguina Liliana Sosa, y cuya argumentación servirá de modelo a todos los pedidos de amparo por venir en lo inmediato. En algunos casos la demanda judicial ya fue presentada; en otros, lo será en febrero, apenas acabe la feria. En todos ellos se pueden adivinar cientos y miles de historias con marcas generacionales, sociales y familiares tan diversas como contundentes a la hora de trazar otros mapas posibles de la Argentina.
El precio del estreno
“Cuando todavía nadie hizo por primera vez algo, corrés el riesgo de ser el primero”, señala Esteban Paulón, que en sus años de militancia LGTB y trabajos en el mundo de la política observó de cerca los mecanismos mediáticos de la visibilidad y sus efectos posibles. “Si sos el primero, sos visible, perdiste –agrega–. Los medios te van a buscar hasta debajo de las baldosas.” Es algo que, a lo largo del año que terminó, han podido comprobar Freyre y Di Bello: el anuncio de su intención de casarse, su pedido de turno denegado, la comunicación de las alternativas legales de su demanda judicial, el casamiento frustrado el 1º de diciembre (con su consecuente manifestación festiva, en camión, por la ciudad) y el exitoso del 28, todo ello fue seguido y reproducido con fruición y puntualidad por medios nacionales y extranjeros. Por la calle son reconocidos; de tanto en tanto deben firmar autógrafos, menos frecuentemente soportar algún desplante de personas descontentas con la ampliación de los derechos civiles. A los recién casados, la propia militancia ejercida en primera persona los ha convertido, en algún sentido, en estrellas mediáticas. El año que despunta, seguramente María Rachid, presidenta de la Federación, y su pareja, Claudia Castro, vivirán una situación similar, cuando la Corte Suprema resuelva su pedido. “Ahora que Alex y José María ya están casados, y el que el caso de María y Claudia está en la Corte, más parejas se van a animar a presentarse”, vaticina Paulón, quien maneja datos concretos sobre el avance de la estrategia organizada desde la Federación y patrocinada por las delegaciones locales del Inadi. Los recién casados son “un éxito, y para la gente es importante sentirse parte de eso”.
Cuatro parejas en Santa Fe, tres en San Luis, tres en Chubut, dos en Santa Cruz, una en Tierra del Fuego, una en Tucumán, una en Mendoza, una en Córdoba, una en Salta; cuatro en Mar del Plata (una de ellas constituida por un varón y una trans), dos en La Plata; otras tantas en Vicente López, Olavarría, Quilmes, Lanús; al menos dos más en ciudad de Buenos Aires... Por ahora esos son los casos en tren de obtener de la Justicia respuestas similares a la que la jueza porteña Gabriela Seijas dio al pedido de Freyre y Di Bello, vale decir, fallos que, al considerar inconstitucional que una pareja no pueda casarse por no ser heterosexual, indiquen que ese matrimonio debe concretarse. La cantidad de consultas que la Federación recibe en amparos@lgtb.org.ar, además, va en aumento, explica Paulón.
–¿Este incremento de pedidos de patrocinio y consultas puede entenderse como consecuencia del caso de Freyre y Di Bello?
–Definitivamente sí. Tuvimos una primera oleada de pedidos de patrocinio y acompañamiento cuando salió el fallo de (Gabriela) Seijas. Algunos contactos llegaron por Facebook, en el grupo que armó la Federación. Ahora que el casamiento se concretó, hay más gente que se anima porque ve que es posible. Cuando nos contactan, nos dicen “nos queremos casar, queremos nuestro derecho”, pero muchos creen que con la sola presentación pueden acceder a ejercerlo.
–¿Por qué elegir este tema como bandera ahora?
–En primer lugar, porque es una agenda que a las organizaciones LGTB les interesa. Quizá no sea prioritaria, porque hay temas más urgentes, como la situación de las personas trans, pero esto tiene tanto apoyo social que interesa trabajarlo. Da visibilidad, da agenda de trabajo; hace posible que la gente referencia como actores en defensa de la diversidad a gente del colectivo, inclusive donde antes no había referencias de la causa; permite contactar y trabajar con referentes sociales y políticos. Suma gente porque prende en la sociedad y es más tangible que otros temas: pedir el matrimonio es hablar de la familia, los hijos, la herencia, la obra social, el permiso en el trabajo...
Sí, quieren (y querrán)
Que por todo el país hayan aparecido parejas con ganas de formalizar trajo un correlato tal vez inesperado. Lógicamente, no todos los novios ni todas las novias viven en los mismos lugares ni cuentan las mismas historias. Tampoco tienen las mismas edades, ni dan los mismos motivos a la hora de contar por qué quieren casarse. Son justamente esas diferencias las que permiten trazar perfiles, en algún sentido, generacionales, que a su vez hablan de distintas militancias y definiciones políticas, tanto como de la diversidad que alberga el propio movimiento LGTB argentino.
En los últimos meses, la campaña de la Falgtb creció fuertemente a través de Internet. El tráfico de correos electrónicos fluctuó al ritmo de la aparición del tema en los medios: cuando se debatieron los proyectos en el plenario de comisiones de Diputados, llegaron cuatro mil mensajes en apoyo al cambio de ley y alrededor de treinta para oponerse; con números más discretos, la reacción se repetía con cada aparición pública de Freyre y Di Bello. La tarea también pasó por aprovechar la vidriera que suponen algunos sitios (como www.elmismo amor.org, que articula los proyectos de ley presentados y releva quiénes, en el ámbito político, se han manifestado a favor o en contra de ellos), y ante todo la dinámica viral y en perpetuo movimiento de las redes sociales. El grupo de Facebook “Yo estoy a favor de la legalización del matrimonio gay”, que cuenta con 35.000 adherentes, sirve para difundir actividades, proponer debates e impulsar acciones (como la de alentar el envío de correos de felicitación a la gobernadora Ríos, o a diputados y senadores para que traten los proyectos de ley de matrimonio). Esas plataformas virtuales, por un lado, acercaron a las práctica militante a personas que carecían de contacto (y hasta conocimiento) con ellas, al tiempo que les brindó herramientas y las puso en conexión entre sí y con organizaciones. Paulón señala que, por ejemplo desde algunas ciudades del interior (Mendoza, San Luis, Río Gallegos), fueron llegando mails de parejas que no se conocían y que, advertidas por la Falgtb de las otras, se pusieron en contacto y ahora mismo están dándose organización para ganar visibilidad.
En promedio, los gays y las lesbianas que se acercaron a la Falgtb Internet mediante tienen entre 30 y 35 años. También “hay pedidos de personas mayores, que ya agotaron las instancias administrativas de declaración sumaria, o que ya tienen hechos los testamentos cruzados, que es algo para asegurar que uno pueda heredar al otro”. Vale decir que distintos perfiles implican, a su vez, diferentes necesidades. “Hay distintas situaciones para querer legalizar”, analiza Paulón. Mientras que las parejas compuestas por personas mayores hacen foco en la regulación de bienes, necesidades administrativas y beneficios sociales y por eso hacen eje en la visibilidad, las más jóvenes “simplemente plantean que es un derecho que les corresponde”. En todos los casos, se trata de parejas cuyo entorno familiar y de amigos conoce y respeta como tales, “lo tienen resuelto”. En el interior, los padres de una pareja de varones, de 25 y 26 años, “que están enamoradísimos, muertos de amor”, están preparando la fiesta de casamiento desde ahora.
Paso a paso
Legalmente, en Argentina nada impide la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. El Código Civil no explicita la heterosexualidad como requisito para casarse, por lo que impedir las bodas entre mujeres o entre varones es inconstitucional. Lo que se esgrime para impedir los casamientos “es una interpretación que se hace” del texto legal, explica la abogada Von Opiela, quien insiste en que esa perspectiva es “claramente inconstitucional”. Ese, precisamente, es el argumento del que se sirvió para batallar judicialmente por el casamiento de Freyre y Di Bello, y también el que sustenta los amparos presentados por parejas en todo el país: Martín y Nicolás y María y Estela en Rosario; la de Juan Carlos y su novio en Santa Fe capital, Rafaela y Cristina en Wheelwright (ver aparte), Javier y Juan en Córdoba, Jorge y Oscar en San Luis...
En el futuro inmediato, dice Paulón, “se empiezan a derribar los armarios”, porque la ley será sólo un punto de partida que los activistas de la Falgtb se propusieron como meta hace tres años. “Empieza la lucha por la igualdad, por la visibilidad. Como pasó en España después de que sancionaran la ley de matrimonio para todos y todas, acá van a salir del armario jueces, juezas, diputados, diputadas...”
Con vistas a la Corte
Por Emilio Ruchansky
¿Existe alguna forma de anular el primer matrimonio homosexual de Latinoamérica? La duda, la sola posibilidad, carcome los sueños de José María Di Bello y su flamante esposo Alex Freyre, luego de esa audaz movida que hicieron para casarse en la austral isla de Tierra del Fuego la semana pasada. “Sabemos que van a intentar anular nuestro matrimonio y estamos preparados para eso, la maldad no tiene límites”, dijo uno de los maridos. También sus abogados están expectantes a la reacción de los mismos dinosaurios que lograron frenar la boda a principios de diciembre, tras montar una lluvia de amparos. Ya dieron el primer paso en este sentido. Jorge Rizzo, del Colegio Público de Abogados porteños, incitó a las autoridades legislativas a enjuiciar políticamente a Fabiana Ríos, la gobernadora fueguina, por firmar un decreto que autorizó la boda. Y un abogado ultracatólico y vinculado con el nacionalismo de Cabildo ya presentó un recurso ante la Cámara Civil para que se declare nulo el acto de Ushuaia.
Esta primera objeción de Rizzo se basa en la supuesta intromisión del Poder Ejecutivo provincial por la que “se estaría produciendo un nuevo avasallamiento a la majestad de la Justicia y a las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Judicial”. Vale aclarar que este Colegio de Abogados no es un enemigo ácerrimo del matrimonio entre personas del mismo sexo, las “desinteresadas” opiniones de su titular sobre el tema son publicadas en blogs y no representan necesariamente las ideas de los casi más de 50 mil abogados que constan en su padrón. Cosa que sí ocurre con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, más reducido (tiene sólo 1500 afiliados) y de tinte ultraconservador.
También hay una muy activa Corporación de Abogados Caólicos, el brazo armado (de plumas) que estuvo detrás de la mencionada lluvia de amparos, que logró frenar la boda en Capital Federal. En aquella ocasión se pidió la nulidad del fallo de la jueza Gabriela Seijas y un día antes de que Freyre y Di Bello lo lograran, la magistrada Martha Gómez Alsina, al frente del Juzgado Nacional en lo Civil 85, ordenó al Registro Civil de Barrio Norte que suspendiera la ceremonia, lo mismo que hizo luego la Cámara Nacional en lo Civil.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, prefirió acatar estos últimos fallos. Sin embargo, para salvaguardar la imagen “progre” que consiguió al permitir el casamiento no bien salió el fallo de Seijas, dijo que en verdad estaba a favor de realizar la boda pero prefería que fuera la Corte Suprema la que indicara qué fallo debía acatar el Registro Civil a su cargo. Distinta fue la postura de Ríos, que decidió, como indicó en su decreto y expresó luego a este diario, que el fallo de Seijas está fundado “en la normativa vigente en materia de derechos humanos, garantizando el derecho a la igualdad de los recurrentes”.
La secretaria de Legal y Técnica de la isla, Eleonora De Maio, quien estuvo detrás del armado del decreto de la gobernadora Ríos, sostiene que no hubo intromisión del Ejecutivo ni del Poder Judicial ni el Legislativo. “Lo que dice Rizzo no tiene sustento –se atajó la abogada–, no nos arrogamos las facultades de otros poderes, simplemente hicimos cumplir una sentencia firme, la de la jueza Seijas. Lo que pasó después fue aberrante: una jueza de la Justicia nacional, que no es superior a Seijas sino una par de otro foro, ordenó suspender el matrimonio. ¡Y la medida cautelar salió en un día!”
De momento, en Tierra del Fuego, según dejó entrever, no hubo mayores movimientos para anular el casamiento. Sólo algunas amenazas a través de las radios y canales locales, muchas de ellas provenientes del abogado Jano de la Riva, un conservador que ya adelantó que va a denunciar penalmente a la gobernadora por “comisión de delito en el desempeño de sus funciones”. Este abogado opina que la mandataria actuó de forma “clandestina” para casar a la pareja. “De todas formas es difícil que alguien se anime a discutir la igualdad de derechos”, dice De Maio al respecto. Y agrega: “Lo que hicimos fue absolutamente prolijo y en todo momento se respetó el derecho procesal”.
Mientras tanto, el conservador Colegio de Abogados fueguino, uno de los pocos si no el único en todo el país que no brinda asistencia gratuita, sigue reteniendo el trámite de su matrícula. “Una chiquilinada porque no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión, ellos critican mi actuación porque no tenía la matrícula, pero son ellos los que no me la están dando”, comenta De Maio, que trabaja hace sólo ocho meses en la isla, adonde llegó luego de ejercer su profesión en los tribunales porteños. Desde allí la llamaron para felicitarla varios jueces que la conocían.
La fortaleza del decreto que firmó Ríos, según comenta una asesora del Instituto contra la Discriminación, es que se basa en la valoración de las leyes de fondo (las del Código Civil), que declara inconstitucional el fallo de Seijas, aunque se apliquen sólo al caso de la pareja que se casó. “Sabemos que la contra es muy creativa, pero también muy irracional, de hecho muchos de los abogados católicos que repartieron amparos por todas partes podían ser sancionados por el mal desempeño de su profesión. Si quieren bloquear el casamiento tiene que posicionarse como parte del caso con un interés legítimo y no creo que pueda demostrarlo”, asegura esta abogada.
María Rachid, titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans también habla del tema sin mostrar mucha preocupación. “Los que están en contra pueden hacer una presentación de nulidad del casamiento, pero nosotros vamos a apelar todas las presentaciones que hagan –dice la activista–. Esto quiere decir que no va a quedar firme cualquier decisión judicial contraria al casamiento. Si siguen insistiendo el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no creo que la Corte, con la composición actual, lo anule.” Para Rachid había que consumar el matrimonio “como fuera” porque su sola existencia complica cualquier estrategia contraria: “Ahora es más difícil que nos hagan retroceder”.
Los pedidos de amparo son sólo el comienzo. El juez Carlos Fayt adelantó que en los próximos meses la Corte Suprema de la Nación resolverá acerca de los casos de matrimonios denegados que llegaron a esa instancia. Tras la renovación de la Cámara de Diputados, los proyectos de ley que en 2009 quedaron pendientes de dictamen han renovado sus posibilidades de llegar al recinto. Por lo pronto, el presidente del bloque del FpV, Agustín Rossi, ya anunció que el matrimonio homosexual será uno de los temas que tratará el Congreso en 2010. “Nosotros pedimos tiempo para analizar el proyecto. Nunca fijamos posición contraria y estamos dispuestos a debatirlo”, declaró.
Gays y lesbianas militantes han optado por la estrategia de hacerse visibles con lo más contundente: en todo el país habrá parejas que pedirán turno para casarse en el registro civil que les corresponda; si se lo niegan, reclamarán judicialmente mediante un pedido de amparo. “La idea es conseguir una conciencia federal de la inconstitucionalidad de los impedimentos para el casamiento entre personas del mismo sexo”, explica Carolina von Opiela, la abogada de la Federación y el Inadi responsable de la estrategia legal que llevó a Freyre y Di Bello ante la jueza de paz fueguina Liliana Sosa, y cuya argumentación servirá de modelo a todos los pedidos de amparo por venir en lo inmediato. En algunos casos la demanda judicial ya fue presentada; en otros, lo será en febrero, apenas acabe la feria. En todos ellos se pueden adivinar cientos y miles de historias con marcas generacionales, sociales y familiares tan diversas como contundentes a la hora de trazar otros mapas posibles de la Argentina.
El precio del estreno
“Cuando todavía nadie hizo por primera vez algo, corrés el riesgo de ser el primero”, señala Esteban Paulón, que en sus años de militancia LGTB y trabajos en el mundo de la política observó de cerca los mecanismos mediáticos de la visibilidad y sus efectos posibles. “Si sos el primero, sos visible, perdiste –agrega–. Los medios te van a buscar hasta debajo de las baldosas.” Es algo que, a lo largo del año que terminó, han podido comprobar Freyre y Di Bello: el anuncio de su intención de casarse, su pedido de turno denegado, la comunicación de las alternativas legales de su demanda judicial, el casamiento frustrado el 1º de diciembre (con su consecuente manifestación festiva, en camión, por la ciudad) y el exitoso del 28, todo ello fue seguido y reproducido con fruición y puntualidad por medios nacionales y extranjeros. Por la calle son reconocidos; de tanto en tanto deben firmar autógrafos, menos frecuentemente soportar algún desplante de personas descontentas con la ampliación de los derechos civiles. A los recién casados, la propia militancia ejercida en primera persona los ha convertido, en algún sentido, en estrellas mediáticas. El año que despunta, seguramente María Rachid, presidenta de la Federación, y su pareja, Claudia Castro, vivirán una situación similar, cuando la Corte Suprema resuelva su pedido. “Ahora que Alex y José María ya están casados, y el que el caso de María y Claudia está en la Corte, más parejas se van a animar a presentarse”, vaticina Paulón, quien maneja datos concretos sobre el avance de la estrategia organizada desde la Federación y patrocinada por las delegaciones locales del Inadi. Los recién casados son “un éxito, y para la gente es importante sentirse parte de eso”.
Cuatro parejas en Santa Fe, tres en San Luis, tres en Chubut, dos en Santa Cruz, una en Tierra del Fuego, una en Tucumán, una en Mendoza, una en Córdoba, una en Salta; cuatro en Mar del Plata (una de ellas constituida por un varón y una trans), dos en La Plata; otras tantas en Vicente López, Olavarría, Quilmes, Lanús; al menos dos más en ciudad de Buenos Aires... Por ahora esos son los casos en tren de obtener de la Justicia respuestas similares a la que la jueza porteña Gabriela Seijas dio al pedido de Freyre y Di Bello, vale decir, fallos que, al considerar inconstitucional que una pareja no pueda casarse por no ser heterosexual, indiquen que ese matrimonio debe concretarse. La cantidad de consultas que la Federación recibe en amparos@lgtb.org.ar, además, va en aumento, explica Paulón.
–¿Este incremento de pedidos de patrocinio y consultas puede entenderse como consecuencia del caso de Freyre y Di Bello?
–Definitivamente sí. Tuvimos una primera oleada de pedidos de patrocinio y acompañamiento cuando salió el fallo de (Gabriela) Seijas. Algunos contactos llegaron por Facebook, en el grupo que armó la Federación. Ahora que el casamiento se concretó, hay más gente que se anima porque ve que es posible. Cuando nos contactan, nos dicen “nos queremos casar, queremos nuestro derecho”, pero muchos creen que con la sola presentación pueden acceder a ejercerlo.
–¿Por qué elegir este tema como bandera ahora?
–En primer lugar, porque es una agenda que a las organizaciones LGTB les interesa. Quizá no sea prioritaria, porque hay temas más urgentes, como la situación de las personas trans, pero esto tiene tanto apoyo social que interesa trabajarlo. Da visibilidad, da agenda de trabajo; hace posible que la gente referencia como actores en defensa de la diversidad a gente del colectivo, inclusive donde antes no había referencias de la causa; permite contactar y trabajar con referentes sociales y políticos. Suma gente porque prende en la sociedad y es más tangible que otros temas: pedir el matrimonio es hablar de la familia, los hijos, la herencia, la obra social, el permiso en el trabajo...
Sí, quieren (y querrán)
Que por todo el país hayan aparecido parejas con ganas de formalizar trajo un correlato tal vez inesperado. Lógicamente, no todos los novios ni todas las novias viven en los mismos lugares ni cuentan las mismas historias. Tampoco tienen las mismas edades, ni dan los mismos motivos a la hora de contar por qué quieren casarse. Son justamente esas diferencias las que permiten trazar perfiles, en algún sentido, generacionales, que a su vez hablan de distintas militancias y definiciones políticas, tanto como de la diversidad que alberga el propio movimiento LGTB argentino.
En los últimos meses, la campaña de la Falgtb creció fuertemente a través de Internet. El tráfico de correos electrónicos fluctuó al ritmo de la aparición del tema en los medios: cuando se debatieron los proyectos en el plenario de comisiones de Diputados, llegaron cuatro mil mensajes en apoyo al cambio de ley y alrededor de treinta para oponerse; con números más discretos, la reacción se repetía con cada aparición pública de Freyre y Di Bello. La tarea también pasó por aprovechar la vidriera que suponen algunos sitios (como www.elmismo amor.org, que articula los proyectos de ley presentados y releva quiénes, en el ámbito político, se han manifestado a favor o en contra de ellos), y ante todo la dinámica viral y en perpetuo movimiento de las redes sociales. El grupo de Facebook “Yo estoy a favor de la legalización del matrimonio gay”, que cuenta con 35.000 adherentes, sirve para difundir actividades, proponer debates e impulsar acciones (como la de alentar el envío de correos de felicitación a la gobernadora Ríos, o a diputados y senadores para que traten los proyectos de ley de matrimonio). Esas plataformas virtuales, por un lado, acercaron a las práctica militante a personas que carecían de contacto (y hasta conocimiento) con ellas, al tiempo que les brindó herramientas y las puso en conexión entre sí y con organizaciones. Paulón señala que, por ejemplo desde algunas ciudades del interior (Mendoza, San Luis, Río Gallegos), fueron llegando mails de parejas que no se conocían y que, advertidas por la Falgtb de las otras, se pusieron en contacto y ahora mismo están dándose organización para ganar visibilidad.
En promedio, los gays y las lesbianas que se acercaron a la Falgtb Internet mediante tienen entre 30 y 35 años. También “hay pedidos de personas mayores, que ya agotaron las instancias administrativas de declaración sumaria, o que ya tienen hechos los testamentos cruzados, que es algo para asegurar que uno pueda heredar al otro”. Vale decir que distintos perfiles implican, a su vez, diferentes necesidades. “Hay distintas situaciones para querer legalizar”, analiza Paulón. Mientras que las parejas compuestas por personas mayores hacen foco en la regulación de bienes, necesidades administrativas y beneficios sociales y por eso hacen eje en la visibilidad, las más jóvenes “simplemente plantean que es un derecho que les corresponde”. En todos los casos, se trata de parejas cuyo entorno familiar y de amigos conoce y respeta como tales, “lo tienen resuelto”. En el interior, los padres de una pareja de varones, de 25 y 26 años, “que están enamoradísimos, muertos de amor”, están preparando la fiesta de casamiento desde ahora.
Paso a paso
Legalmente, en Argentina nada impide la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. El Código Civil no explicita la heterosexualidad como requisito para casarse, por lo que impedir las bodas entre mujeres o entre varones es inconstitucional. Lo que se esgrime para impedir los casamientos “es una interpretación que se hace” del texto legal, explica la abogada Von Opiela, quien insiste en que esa perspectiva es “claramente inconstitucional”. Ese, precisamente, es el argumento del que se sirvió para batallar judicialmente por el casamiento de Freyre y Di Bello, y también el que sustenta los amparos presentados por parejas en todo el país: Martín y Nicolás y María y Estela en Rosario; la de Juan Carlos y su novio en Santa Fe capital, Rafaela y Cristina en Wheelwright (ver aparte), Javier y Juan en Córdoba, Jorge y Oscar en San Luis...
En el futuro inmediato, dice Paulón, “se empiezan a derribar los armarios”, porque la ley será sólo un punto de partida que los activistas de la Falgtb se propusieron como meta hace tres años. “Empieza la lucha por la igualdad, por la visibilidad. Como pasó en España después de que sancionaran la ley de matrimonio para todos y todas, acá van a salir del armario jueces, juezas, diputados, diputadas...”
Con vistas a la Corte
Por Emilio Ruchansky
¿Existe alguna forma de anular el primer matrimonio homosexual de Latinoamérica? La duda, la sola posibilidad, carcome los sueños de José María Di Bello y su flamante esposo Alex Freyre, luego de esa audaz movida que hicieron para casarse en la austral isla de Tierra del Fuego la semana pasada. “Sabemos que van a intentar anular nuestro matrimonio y estamos preparados para eso, la maldad no tiene límites”, dijo uno de los maridos. También sus abogados están expectantes a la reacción de los mismos dinosaurios que lograron frenar la boda a principios de diciembre, tras montar una lluvia de amparos. Ya dieron el primer paso en este sentido. Jorge Rizzo, del Colegio Público de Abogados porteños, incitó a las autoridades legislativas a enjuiciar políticamente a Fabiana Ríos, la gobernadora fueguina, por firmar un decreto que autorizó la boda. Y un abogado ultracatólico y vinculado con el nacionalismo de Cabildo ya presentó un recurso ante la Cámara Civil para que se declare nulo el acto de Ushuaia.
Esta primera objeción de Rizzo se basa en la supuesta intromisión del Poder Ejecutivo provincial por la que “se estaría produciendo un nuevo avasallamiento a la majestad de la Justicia y a las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Judicial”. Vale aclarar que este Colegio de Abogados no es un enemigo ácerrimo del matrimonio entre personas del mismo sexo, las “desinteresadas” opiniones de su titular sobre el tema son publicadas en blogs y no representan necesariamente las ideas de los casi más de 50 mil abogados que constan en su padrón. Cosa que sí ocurre con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, más reducido (tiene sólo 1500 afiliados) y de tinte ultraconservador.
También hay una muy activa Corporación de Abogados Caólicos, el brazo armado (de plumas) que estuvo detrás de la mencionada lluvia de amparos, que logró frenar la boda en Capital Federal. En aquella ocasión se pidió la nulidad del fallo de la jueza Gabriela Seijas y un día antes de que Freyre y Di Bello lo lograran, la magistrada Martha Gómez Alsina, al frente del Juzgado Nacional en lo Civil 85, ordenó al Registro Civil de Barrio Norte que suspendiera la ceremonia, lo mismo que hizo luego la Cámara Nacional en lo Civil.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, prefirió acatar estos últimos fallos. Sin embargo, para salvaguardar la imagen “progre” que consiguió al permitir el casamiento no bien salió el fallo de Seijas, dijo que en verdad estaba a favor de realizar la boda pero prefería que fuera la Corte Suprema la que indicara qué fallo debía acatar el Registro Civil a su cargo. Distinta fue la postura de Ríos, que decidió, como indicó en su decreto y expresó luego a este diario, que el fallo de Seijas está fundado “en la normativa vigente en materia de derechos humanos, garantizando el derecho a la igualdad de los recurrentes”.
La secretaria de Legal y Técnica de la isla, Eleonora De Maio, quien estuvo detrás del armado del decreto de la gobernadora Ríos, sostiene que no hubo intromisión del Ejecutivo ni del Poder Judicial ni el Legislativo. “Lo que dice Rizzo no tiene sustento –se atajó la abogada–, no nos arrogamos las facultades de otros poderes, simplemente hicimos cumplir una sentencia firme, la de la jueza Seijas. Lo que pasó después fue aberrante: una jueza de la Justicia nacional, que no es superior a Seijas sino una par de otro foro, ordenó suspender el matrimonio. ¡Y la medida cautelar salió en un día!”
De momento, en Tierra del Fuego, según dejó entrever, no hubo mayores movimientos para anular el casamiento. Sólo algunas amenazas a través de las radios y canales locales, muchas de ellas provenientes del abogado Jano de la Riva, un conservador que ya adelantó que va a denunciar penalmente a la gobernadora por “comisión de delito en el desempeño de sus funciones”. Este abogado opina que la mandataria actuó de forma “clandestina” para casar a la pareja. “De todas formas es difícil que alguien se anime a discutir la igualdad de derechos”, dice De Maio al respecto. Y agrega: “Lo que hicimos fue absolutamente prolijo y en todo momento se respetó el derecho procesal”.
Mientras tanto, el conservador Colegio de Abogados fueguino, uno de los pocos si no el único en todo el país que no brinda asistencia gratuita, sigue reteniendo el trámite de su matrícula. “Una chiquilinada porque no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión, ellos critican mi actuación porque no tenía la matrícula, pero son ellos los que no me la están dando”, comenta De Maio, que trabaja hace sólo ocho meses en la isla, adonde llegó luego de ejercer su profesión en los tribunales porteños. Desde allí la llamaron para felicitarla varios jueces que la conocían.
La fortaleza del decreto que firmó Ríos, según comenta una asesora del Instituto contra la Discriminación, es que se basa en la valoración de las leyes de fondo (las del Código Civil), que declara inconstitucional el fallo de Seijas, aunque se apliquen sólo al caso de la pareja que se casó. “Sabemos que la contra es muy creativa, pero también muy irracional, de hecho muchos de los abogados católicos que repartieron amparos por todas partes podían ser sancionados por el mal desempeño de su profesión. Si quieren bloquear el casamiento tiene que posicionarse como parte del caso con un interés legítimo y no creo que pueda demostrarlo”, asegura esta abogada.
María Rachid, titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans también habla del tema sin mostrar mucha preocupación. “Los que están en contra pueden hacer una presentación de nulidad del casamiento, pero nosotros vamos a apelar todas las presentaciones que hagan –dice la activista–. Esto quiere decir que no va a quedar firme cualquier decisión judicial contraria al casamiento. Si siguen insistiendo el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no creo que la Corte, con la composición actual, lo anule.” Para Rachid había que consumar el matrimonio “como fuera” porque su sola existencia complica cualquier estrategia contraria: “Ahora es más difícil que nos hagan retroceder”.
Tomado de http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137981-2010-01-04.html
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